CortesIA © vivienda.com.co
En medio de la incertidumbre generada en el mercado de vivienda por el aumento del salario mínimo del 23.7% para 2026, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en el Atlántico aclaró que no existe alza automática en los precios de las viviendas de interés prioritario (VIP) y de interés social (VIS) en la región. El presidente de la junta directiva, Jorge Segebre, enfatizó que existe una confusión generalizada entre los compradores sobre este tema que fue necesario despejar.
Precio Tope Regulado y Valor de Mercado
Segebre explicó que hay un error conceptual importante que circula entre ciudadanos: la creencia de que el aumento del salario mínimo automáticamente incrementa el costo de las viviendas VIS y VIP. La realidad es diferente. La ley establece límites máximos que las constructoras pueden cobrar por estas viviendas, pero no obliga a venderlas al precio tope permitido.
Según la normativa vigente, el precio máximo permitido para vivienda VIP es de 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), mientras que para VIS oscila entre 135 y 150 SMMLV, dependiendo de la zona geográfica. Tras el incremento del 23.7% anunciado por el Gobierno para 2026, estos topes se ajustaron automáticamente. Con el nuevo salario mínimo de $1.750.905 (más $249.095 de auxilio de transporte), el tope de una VIS en ciudades principales pasó de aproximadamente $213.5 millones a $262.6 millones, según cálculos de analistas del sector.
Sin embargo, Segebre reiteró que estos ajustes en el precio máximo no significan que todas las viviendas se vendan a esos valores. Las constructoras continúan comercializando unidades por debajo del tope legal, de acuerdo con sus propias dinámicas de mercado, costos operativos y estrategias comerciales.
Desempeño Positivo del Mercado Atlántico en 2025
A pesar del contexto macroeconómico desafiante del país, el Atlántico experimentó un dinamismo excepcional en su mercado inmobiliario durante 2025. Segebre informó que el departamento superó las 20.000 viviendas vendidas, cifra que excedió las proyecciones iniciales de 18.000 a 20.000 unidades. Este logro se atribuyó en gran medida a los subsidios otorgados por la Alcaldía de Barranquilla, que catalizaron la demanda en el segmento de vivienda social.
El presidente del gremio constructor también destacó que en 2025 se mantuvieron operaciones normales en los proyectos, con salas de ventas funcionando regularmente y constructoras desarrollando nuevas iniciativas. El Atlántico se posicionó como una de las regiones más dinámicas del país, contrastando con la contracción general observada en otras zonas.
Subsidios de Cajas de Compensación y Gobernación
Segebre recordó que los subsidios de vivienda continúan siendo un instrumento clave para facilitar el acceso de familias de menores ingresos. Estos recursos provienen de las Cajas de Compensación Familiar (a través del Fondo Obligatorio de Vivienda de Interés Social) y de la Gobernación del Atlántico, mediante programas como «Mi Casa Bacana«.
Los subsidios se aplican de forma concurrente —es decir, se pueden combinar— con los beneficios nacionales y locales disponibles. El programa «Mi Techo Propio« de la Alcaldía de Barranquilla, dirigido a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, ha beneficiado ya a miles de hogares barranquilleros. Según reportes al corte de octubre de 2025, se han recibido 5.311 postulaciones, de las cuales 2.313 familias han sido beneficiadas con subsidios para compra de vivienda nueva, evidenciando una demanda significativa.
Perspectivas para 2026: Esperanza con Incertidumbre
Segebre manifestó optimismo moderado sobre el desempeño esperado en 2026. El gremio aspira a superar el número histórico más alto registrado en el departamento, que ha sido de 23.000 viviendas vendidas. Esto dependerá de varios factores: la estabilidad de los subsidios locales, el comportamiento de las tasas de interés hipotecario, la continuidad de políticas públicas de vivienda a nivel nacional, y la evolución del contexto macroeconómico.
A pesar del aumento del salario mínimo del 23.7%, que genera presiones inflacionarias —Camacol estimó un impacto agregado cercano al 10% en el precio de VIS— el Atlántico ha demostrado capacidad de adaptación. La articulación entre subsidios concurrentes, financiamiento accesible del Fondo Nacional del Ahorro (que financia hasta 90% del valor en VIP con tasas preferenciales), y políticas distritales ha creado un ecosistema favorable para la construcción y compra de vivienda social.
En conclusión, el mensaje de Camacol Atlántico contribuye a calmar temores infundados sobre un aumento automático del precio de la vivienda VIS y VIP por el alza del salario mínimo, y es valioso que se aclare la diferencia entre tope regulado y precio real de venta. También es positivo que el gremio reconozca la importancia de los subsidios locales y nacionales para sostener la demanda y que muestre un sector que, al menos en cifras de ventas, viene comportándose de manera dinámica en el departamento.
Sin embargo, el enfoque del pronunciamiento resulta limitado si se queda solo en negar el impacto del salario mínimo sin profundizar en otros factores que sí presionan los precios: costos de insumos, tasas de interés, disponibilidad de suelo urbano y concentración de la oferta en ciertos segmentos. Tampoco se aborda el riesgo de que, aunque no se llegue al tope máximo legal, las viviendas sigan siendo inaccesibles para muchos hogares con ingresos inestables o informales. Una comunicación realmente transparente debería acompañar la defensa del sector con más datos comparables de precios por metro cuadrado, márgenes de ganancia y evolución de la oferta, para que la ciudadanía no dependa únicamente de la versión del gremio, sino de información verificable y completa.