Bogotá presentó su modelo de vivienda social en el Foro Económico Internacional de la Corporación Andina de Fomento (CAF) realizado en Panamá. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, la capital reportó una inversión cercana a USD 250 millones en vivienda social, con ejecución del 102 por ciento del plan «Mi Casa en Bogotá«.
Durante el panel «Vivienda Social como Motor de Desarrollo: Articulación Sectores Público, Privado y Financiero», Vanessa Velasco, secretaria Distrital del Hábitat, señaló que en Bogotá la mayoría de los subsidios de vivienda se destinan a hogares con ingresos inferiores a 1,6 salarios mínimos. Según el documento presentado, esta es la primera vez que la ciudad reporta esta composición en la distribución de ayudas.
Subsidios Dirigidos a Población Vulnerable
El plan comprende inversión en subsidios, apoyo al cierre financiero, producción de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), además de programas de arrendamiento y mejoramiento habitacional.
Durante 2025, Bogotá cerró con 26.136 subsidios entregados en el período actual del cuatrienio. De estos, 64,2 por ciento se destinó a hogares encabezados por mujeres, lo que equivale a 16.795 beneficiarios. Adicionalmente, 10,5 por ciento de los subsidios fueron para hogares víctimas del conflicto armado. El programa también incluyó familias con personas con discapacidad y grupos étnicos.
La proporción de subsidios dirigida a mujeres jefes de hogar refleja una realidad demográfica documentada: en Colombia, aproximadamente el 40 por ciento de los hogares son encabezados por mujeres, muchas de las cuales enfrentan mayores dificultades de acceso a crédito y financiamiento hipotecario. La inclusión de víctimas del conflicto armado y grupos étnicos responde a directrices de política pública nacional establecidas en la Ley 2079 de 2021 sobre Vivienda y Hábitat.
Cambios en Capacidad de Compra y Financiamiento
De acuerdo con la Secretaría de Hábitat, las medidas implementadas permitieron aumentar hasta en un 76 por ciento el poder de compra de los hogares y reducir la cuota inicial en un 91 por ciento.
Estos porcentajes, aunque significativos en términos numéricos, requieren contextualización. El aumento en poder de compra proviene de mecanismos como la acumulación de subsidios con aportes de cajas de compensación familiar y programas complementarios. La reducción en cuota inicial, por su parte, se alcanza mediante esquemas de microcrédito y ampliación de plazos, lo que implica mayor endeudamiento de largo plazo para los beneficiarios.
Localización de Vivienda: Desafío Identificado
La administración reconoció que uno de los principales retos permanece siendo la localización de la vivienda social. Buena parte de la oferta VIS se concentra en zonas periféricas con menor acceso a empleo y servicios.
Este reconocimiento es crítico. Estudios del sector inmobiliario colombiano documentan que la vivienda social tiende a concentrarse en municipios adyacentes a Bogotá o en localidades del sur y occidente de la ciudad, donde el costo del suelo es menor. Esta dinámica genera problemas estructurales: aumenta el tiempo de desplazamiento a centros de empleo, incrementa gastos en transporte y reduce la calidad de vida de beneficiarios, perpetuando patrones de segregación urbana que caracterizan a la capital desde hace décadas.
Ante esto, el Distrito señala la necesidad de fortalecer esquemas de arrendamiento y mecanismos de gestión de suelo que permitan ampliar la oferta de vivienda social en zonas mejor conectadas, en coordinación con el sector privado. Sin embargo, no detalló instrumentos específicos, cronogramas o presupuestos diferenciados para abordar esta brecha.
Meta Establecida para el Cuatrienio
Bogotá se propuso entregar 75.000 subsidios de vivienda al finalizar el cuatrienio con un presupuesto de un billón de pesos. En 2025, cerró con 26.136 subsidios entregados en ese período, dejando un pendiente de aproximadamente 49 mil subsidios para los años restantes.
A este ritmo, la ciudad requeriría acelerar entregas en un 87 por ciento para cumplir la meta. Esto presupone no solo disponibilidad presupuestal sostenida, sino también ampliación del portafolio de proyectos habitacionales disponibles y capacidad institucional de gestión y seguimiento.
Velasco afirmó que, pese a las restricciones presupuestales y a medidas del Gobierno nacional respecto a salario y desindexación, «estamos muy comprometidos a llegar a esa meta entre vivienda nueva, mejorada y arrendada». La mención de restricciones presupuestales refleja tensiones entre gobiernos locales y nacional respecto a financiamiento de vivienda social, un tema de debate continuo en el país.
Contexto Normativo y Restricciones
La política de vivienda social en Bogotá opera dentro de un marco regulatorio complejo. La Ley 3 de 1991 creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, mientras que la Ley 2079 de 2021 estableció nuevas disposiciones sobre vivienda y hábitat. La Ley 2434 de 2024 buscó reducir barreras para créditos hipotecarios. Estas normativas coexisten con políticas locales particulares del Distrito, lo que genera tanto oportunidades como fricciones administrativas.
Avances Documentados, Desafíos Pendientes
Bogotá reporta números que documentan actividad en materia de vivienda social: inversión de USD 250 millones, ejecución del 102 por ciento de metas anuales, y focalización hacia poblaciones vulnerables mediante criterios explícitos. Estos datos merecen reconocimiento como indicadores de gestión.
Sin embargo, el modelo enfrenta cuestionamientos estructurales no resueltos: la persistencia de segregación territorial, la brecha acumulativa de 49 mil subsidios pendientes respecto a la meta de 75 mil, y la dependencia de mecanismos de deuda para ampliar poder de compra de beneficiarios. La presentación internacional del modelo, aunque relevante para posicionar experiencias locales, no modifica estas realidades de fondo.
El déficit habitacional en Bogotá es estimado en centenares de miles de unidades. Con 26 mil subsidios anuales, la ciudad cerraría ese déficit en décadas, asumiendo crecimiento poblacional cero y estabilidad económica sostenida. Estos factores no están garantizados. La vivienda social en Bogotá avanza, pero a ritmo que no se corresponde con la magnitud de la necesidad. La pregunta que permanece abierta es si las políticas actuales representan un escalamiento genuino o un ajuste marginal a un problema de proporciones sistémicas.