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El Ministerio de Minas y Energía expidió para comentarios públicos el proyecto de resolución que reglamenta el programa Colombia Solar, iniciativa que propone reemplazar subsidios eléctricos tradicionales con infraestructura de autogeneración solar en estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional. Según el comunicado oficial del 29 de enero, la medida busca establecer marcos contractuales, técnicos y financieros para operacionalizar la autogeneración a través de paneles solares durante un horizonte de hasta 25 años.
La reglamentación se sustenta en el Decreto 972 de 2025, que creó el programa como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINES) en septiembre de ese año. El CONPES 4158, aprobado en septiembre de 2025, autorizó una inversión de 8.35 billones de pesos (aproximadamente 1.84 mil millones de dólares) para el período 2026-2030. El programa potencialmente beneficiaría a 1,3 millones de hogares ubicados en zonas del Sistema Interconectado Nacional y Zonas No Interconectadas.
Estructura Normativa y Alcance de COLOMBIA SOLAR
La resolución establece criterios de focalización basados en pobreza multidimensional, pobreza energética y costos relativos del servicio eléctrico. Define reglas claras sobre propiedad, operación y mantenimiento de infraestructura solar, así como instrumentos contractuales y financieros para su implementación.
El marco normativo complementa el Decreto 972 de 2025 y se articula con la Licencia Ambiental Solar con Diseño Optimizado (Decreto 1033 de 2025), que busca reducir tiempos de tramitación ambiental. Según información oficial, la cobertura del programa se enfocaría en consumo básico de subsistencia, con énfasis territorial en regiones donde históricamente se registran tarifas más altas.
Estructura de Financiamiento y Actores Involucrados
La ejecución requiere articulación entre múltiples actores. El financiamiento combina recursos de la Nación, fondos especializados y capital privado. El FONDES (Fondo Nacional de Desarrollo Energético Sostenible) proporcionaría recursos no reembolsables, mientras que operadores de red y empresas de servicios públicos participarían en integración con infraestructura existente.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene un plazo de tres meses —a partir de la publicación definitiva de la reglamentación— para armonizar normatividad vigente. Esto incluye decisiones sobre esquemas tarifarios para beneficiarios, liquidación de energía autogenerada y mecanismos de remuneración en casos de excedentes.
En la dimensión de vivienda, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ya autoriza financiamiento para adquisición e instalación de paneles solares mediante créditos de mejoramiento, con inversiones estimadas entre 10 y 20 millones de pesos por hogar. Esta posibilidad se alineó con la Ley 2434 de 2024, que facilitó créditos hipotecarios y leasing habitacional con integración de energías renovables.
Transición Energética y Matriz Eléctrica
Colombia ha registrado cambios significativos en su matriz energética en los últimos años. Según cifras del Ministerio de Minas y Energía del 27 de enero de 2026, las energías limpias representan 15.6% de la electricidad generada. Las fuentes renovables alcanzan 3.677,57 MW en operación y pruebas, reflejando un crecimiento del 18.8% en capacidad operativa y 970% en capacidad en pruebas respecto a períodos anteriores.
Hace cuatro años, la participación de energías limpias era inferior al 2%, lo que contextualiza el ritmo de transformación. La estrategia 6GW Plus busca integrar más de 6 gigavatios de capacidad renovable al Sistema Interconectado Nacional, alineándose con compromisos climáticos internacionales.
Implicaciones Económicas y Fiscales
La propuesta se inscribe en un contexto de presión fiscal sobre subsidios eléctricos. El Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) históricamente ha enfrentado déficits estructurales que impactan las finanzas públicas. La reconversión de subsidios en infraestructura buscaría aliviar esta carga mediante un modelo de capitalización en lugar de asignaciones anuales perpetuas.
Sin embargo, la viabilidad fiscal dependerá de factores como costo de instalación por vivienda, tasa de captación de beneficiarios, y capacidad operacional de entidades ejecutoras. El programa requeriría gestión administrativa compleja para alcanzar la cobertura propuesta de 1,3 millones de hogares en el horizonte quinquenal.
Perspectivas del Sector y Consideraciones Técnicas
Desde la perspectiva de mercado inmobiliario, la autogeneración solar podría mejorar el valor de viviendas y reducir costos operacionales permanentes. Sin embargo, viabilidad técnica dependerá de disponibilidad de luz solar, topografía, características estructurales de las viviendas y gestión de mantenimiento a largo plazo.
La implementación enfrenta desafíos operacionales: capacitación de beneficiarios en uso de sistemas, reemplazo de componentes dañados, gestión de seguimiento y evaluación durante 25 años. La participación de actores privados y territoriales será determinante para alcanzar escalabilidad.
Calendario de Implementación y Próximos Pasos
El proyecto está actualmente en fase de consulta pública, lo que permite que ciudadanos, organizaciones y entidades territoriales presenten observaciones. Esta retroalimentación podría generar ajustes antes de la expedición final de la reglamentación.
Una vez aprobada, la CREG dispondrá de tres meses para armonización regulatoria. Posteriormente, se requeriría coordinación interinstitucional para definir protocolos de selección de beneficiarios, instalación y supervisión técnica.
Solución Estructural pero Implementación Incierta
La reglamentación de Colombia Solar presenta una propuesta audaz: reemplazar subsidios recurrentes con infraestructura de autogeneración. Con 8.35 billones de pesos y cobertura de 1,3 millones de hogares, aborda una crisis fiscal real: el FSSRI acumula déficits superiores a 4 billones anuales mientras distribuidoras reportan deudas de 7.4 billones de pesos. Invertir en generación distribuida reduce teóricamente dependencia de transferencias perpetuas. La focalización basada en pobreza multidimensional es técnicamente más sofisticada que estratificación actual (con errores de inclusión del 65%). El horizonte de 25 años garantiza continuidad operacional más allá de ciclos políticos.
Sin embargo, interrogantes críticas permanecen. Mantenimiento técnico en zonas rurales: sin capacitación comunitaria sostenida, sistemas pueden deteriorarse rápidamente. Responsabilidad de reparaciones y financiamiento de contingencias no está clarificado. Variabilidad climática: regiones de baja radiación (Pacífico, Chocó) registrarían cobertura desigual sin soluciones explícitas. Capacidad administrativa: ejecutar 1,3 millones de instalaciones en cinco años demanda escalas sin precedentes; experiencias internacionales (India, Bangladesh) muestran desfases significativos. Armonización regulatoria: la CREG aún debe definir esquemas tarifarios, remuneración de excedentes y responsabilidad ante fallas. Supuestos de costo: si inversión o mantenimiento resulta superior a estimaciones, podría requerir nuevas asignaciones presupuestales sin reducir gasto fiscal.
Colombia Solar es estructuralmente necesaria ante crisis fiscal incuestionable, pero viabilidad depende de capacidad real para ejecutar y sostener infraestructura distribuida en territorios heterogéneos durante 25 años. Su éxito será determinado menos por intención normativa que por implementación institucional.