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Durante el Congreso Nacional de la Construcción Camacol 2025, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presentó una innovación en el panorama financiero del país: un producto de crédito destinado a financiar la adquisición e instalación de paneles solares sin requerir garantía hipotecaria. Esta iniciativa representa un giro importante permitiendo que familias de menores ingresos accedan a soluciones energéticas sostenibles.
«Queremos que las familias que enfrentan altos costos de energía puedan contar con una alternativa real, sostenible y asequible», manifestó Laura Roa, presidente de la entidad, durante la presentación oficial. Esta declaración sintetiza el propósito central de una línea de crédito pensada específicamente para poblaciones vulnerables del territorio nacional.
Financiamiento Flexible para Energía Limpia
La nueva modalidad de crédito del FNA se alinea con el memorando de entendimiento suscrito en septiembre de 2024 entre el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la propia institución financiera. Sin embargo, el anuncio presentado en Camacol 2025 marca una diferenciación importante: la eliminación de la garantía hipotecaria como requisito obligatorio.
Los créditos pueden alcanzar entre 10 y 20 millones de pesos, destinados específicamente a financiar la adquisición e instalación de sistemas solares fotovoltaicos. El FNA ofrece estas líneas a través de dos modalidades: afiliados que cuenten con ahorros en cesantías y aquellos que posean ahorros voluntarios, lo que amplía significativamente el acceso al financiamiento.
Las tasas de interés están diseñadas con criterios progresivos de inclusión financiera. Conforme a lo establecido por la entidad, los hogares con ingresos de hasta 2 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) pueden acceder a tasas desde el 10% efectivo anual, una condición considerablemente más favorable comparada con ofertas del sector financiero privado. Además, la institución no impone sanciones por pago anticipado, facilitando a los deudores la posibilidad de liquidar sus obligaciones de manera acelerada sin incurrir en costos adicionales.
Alianza con Programas de Transición Energética
Esta línea de crédito se complementa con el programa Colombia Solar, creado mediante el Decreto 0972 de septiembre de 2025 del Ministerio de Minas y Energía. Este programa constituye una política pública orientada a reemplazar progresivamente los subsidios eléctricos tradicionales por autogeneración mediante energía solar en viviendas de estratos 1, 2 y 3, tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en Zonas No Interconectadas (ZNI).
De acuerdo con datos divulgados por el Gobierno nacional, la instalación de un sistema fotovoltaico residencial puede disminuir las facturas de electricidad hasta un 60%, dependiendo de las condiciones de radiancia solar y consumo del hogar. Este ahorro es particularmente relevante en la Región Caribe, donde la problemática tarifaria ha generado presión sobre los ingresos familiares.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) oficializó a través del Documento CONPES 4158 una inversión estimada de 8.35 billones de pesos para el período 2026-2030, con la meta de beneficiar aproximadamente 1.3 millones de hogares en todo el territorio nacional.
Priorización Territorial y Poblacional
El programa Colombia Solar y los créditos del FNA contemplan una priorización específica de beneficiarios. La Región Caribe constituye la zona de mayor énfasis inicial, dado su potencial solar elevado y las dificultades tarifarias históricas que aquejan a sus habitantes. Sin embargo, la cobertura geográfica abarca todo el país, incluyendo zonas rurales dispersas donde el acceso a energía confiable representa un desafío estructural.
Barranquilla ha sido seleccionada como ciudad piloto, según anuncio del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. La capital atlántica iniciará los procesos de instalación en los próximos meses, con una alianza estratégica entre la empresa Gecelca y el operador de red Air-e. Esta decisión obedece tanto al potencial solar disponible como a la urgencia de atender la crisis tarifaria que afecta a poblaciones de menores ingresos en la región.
Contexto Normativo y Compromisos Legislativos
La iniciativa del FNA se enmarca en disposiciones legislativas previas. La Ley 2434 de 2024 modificó el régimen de financiación de vivienda para incluir disposiciones sobre la promoción de energías limpias en residencias. Esta norma faculta a las entidades financieras para incluir en créditos hipotecarios o leasing habitacional la adquisición y costos de instalación de sistemas fotovoltaicos, sin que estos montos se computen como parte de los límites de financiamiento de vivienda.
Adicionalmente, la Ley 1715 de 2014, normativa fundamental en materia de energías no convencionales, establecía en su artículo 19 numeral 4 que el Gobierno consideraría la viabilidad de desarrollar energía solar como autogeneración para estratos 1, 2 y 3 como alternativa a subsidios existentes. El Decreto 0972 de 2025 materializa esta disposición tras completar los análisis técnicos y financieros necesarios.
Condiciones de Acceso y Procedimientos
Para acceder a los créditos del FNA destinados a paneles solares, los solicitantes deben ser afiliados a la entidad, bien sea con cesantías o ahorros voluntarios. Los plazos de financiamiento van desde 5 hasta 20 años, tanto en unidades de valor real (UVR) como en pesos, ofreciendo flexibilidad según las capacidades de pago de cada familia.
La ausencia de garantía hipotecaria constituye un cambio paradigmático en el diseño del crédito. Esto permite que familias sin propiedad inmobiliaria consolidada puedan acceder a soluciones de energía renovable, ampliando significativamente la base poblacional beneficiaria. Los desembolsos se realizan típicamente en una única ocasión, destinados directamente a cubrir los costos de adquisición e instalación del sistema fotovoltaico.
Implicaciones para la Política de Vivienda y Energía
El anuncio del FNA responde a una reconceptualización más profunda del mejoramiento habitacional. Durante años, la política de vivienda en Colombia concentró sus esfuerzos en construcción nueva y ampliación de cobertura cuantitativa. Progressivamente, el énfasis ha migrado hacia mejoras cualitativas de las viviendas existentes, incluyendo eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.
«Estamos enfocando unos instrumentos financieros para que el mejoramiento de vivienda también le aporte a toda la lucha contra el cambio climático», expresó Helga María Rivas, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, durante los anuncios previos del programa.
Aunque la iniciativa representa un avance significativo, su implementación enfrenta desafíos técnicos y operacionales. La reglamentación específica del programa Colombia Solar sigue en elaboración por parte del Ministerio de Minas y Energía, aspecto crítico para definir criterios de focalización, mecanismos de selección de beneficiarios y esquemas de co-financiación con actores privados.
Oportunidad Real, Pero Con Desafíos Por Resolver
A pesar de los avances significativos que representa el crédito del FNA para paneles solares, la realidad indica que este programa enfrenta múltiples obstáculos antes de convertirse en una solución masiva y verdaderamente democratizadora. El programa es prometedor, pero incompleto.
En primer lugar, aunque la eliminación de la garantía hipotecaria es un paso positivo, la barrera del puntaje mínimo requerido sigue siendo un cuello de botella importante. Exigir 170 puntos en la modalidad de cesantías o 400 puntos en ahorros voluntarios limita el acceso a familias que llevan años vinculadas al FNA, excluyendo a millones de colombianos de estratos 1, 2 y 3 que no tienen la capacidad de ahorro contractual consolidada. Así, la medida sigue siendo excluyente para los más pobres.
Segundo, la inversión estimada de $10 a $20 millones para un sistema solar funcional es accesible solo en teoría. Para familias con ingresos cercanos a dos SMLV (aproximadamente $3,2 millones mensuales), una cuota crediticia significativa representa entre 10% y 20% de su presupuesto mensual, limitando su capacidad real de endeudamiento. Aunque el FNA afirma que el ahorro en electricidad compensa la inversión en tres años, esta proyección no considera que muchos hogares simplemente no tienen liquidez inicial para efectuar el desembolso, o que cambios en el consumo energético (por crisis económica, desempleo, o cambios en la estructura familiar) pueden hacer insostenible el pago.
Exigir 170 puntos en la modalidad de cesantías o 400 puntos en ahorros voluntarios limita el acceso a familias que llevan años vinculadas al FNA, excluyendo a millones de colombianos de estratos 1, 2 y 3 que no tienen la capacidad de ahorro contractual consolidada.
Tercero, el programa carece de información clara sobre mantenimiento preventivo, garantías de los paneles solares, y responsabilidades en caso de daños por catástrofes naturales. Según reportes recientes de la WRI Colombia, se han documentado fallas en inversores y baterías solares sin respaldo institucional claro, y comunidades que quedaron sin sistemas funcionales por falta de mantenimiento.
Cuarto, la cobertura del FNA es limitada territorialmente. Aunque el programa priorizó inicialmente la Región Caribe, su expansión a zonas rurales remotas y Zonas No Interconectadas (ZNI) sigue siendo lenta. El acceso a crédito FNA requiere estar afiliado y acudir presencialmente a sus 65 puntos de atención, lo que excluye a poblaciones en territorios dispersos o sin infraestructura bancaria.
Quinto, el programa Colombia Solar del Ministerio de Minas y Energía, que complementaría el financiamiento con subsidios del 60%, aún se encuentra en fase de implementación. Su reglamentación apenas se completó en septiembre de 2025, y todavía no existe claridad sobre cronogramas de desembolso ni sobre cómo se coordinará efectivamente con el crédito del FNA.
Finalmente, aunque las tasas desde el 10% son competitivas, la energía solar representaba apenas el 1% de la matriz energética colombiana en 2024 (403 MW instalados), frente a países como Chile con 6,129 MW. Esto refleja que incluso con mejores condiciones de crédito, persisten desafíos estructurales: falta de estandarización de instaladores, debilidades en marcos regulatorios para distribución de excedentes a la red, y ausencia de educación masiva sobre estos productos.