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La proporción de hogares con vivienda propia ha retrocedido significativamente: de 53,5% en 2003 a 39,6% en 2024, mientras que quienes habitan en arriendo crecieron de 31,4% a 40,4% en el mismo lapso. Para octubre de 2025, el arriendo ya supera a la propiedad como principal forma de tenencia, reflejando una realidad donde el costo de adquirir un inmueble se ha disparado y el acceso al financiamiento sigue siendo limitado.
En dos décadas, el precio de la vivienda se multiplicó por cuatro frente al incremento de la renta, triplicó la inflación general y duplicó el salario mínimo. Ese desbalance, sumado a las elevadas tasas de interés y al cambio en la composición de los hogares, ha dejado a amplios sectores sin posibilidad de compra.
Transformaciones en la tenencia habitacional
El DANE reporta que en 2024 el 39,6% de los hogares habitaba en vivienda propia y el 40,4% en arriendo. Para octubre de 2025, esa dinámica se mantiene, con leve alza en el arrendamiento como respuesta a la restricción de créditos y al alza de precios.
Entre 2005 y 2025, los hogares unipersonales se duplicaron, alcanzando casi 20% del total, y de ellos 43% vive en arriendo. El tamaño promedio de los hogares se redujo a 2,86 personas, fenómeno ligado a mayor movilidad laboral, urbanización y cambio de prioridades residenciales.
Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca lideran las tasas de arriendo, con más del 49 % de sus hogares bajo esta modalidad.
Barreras para la adquisición de vivienda
El crédito hipotecario equivale a solo 7,6% del PIB, una de las profundizaciones más bajas de la región, y apenas 3,1% de la población adulta ha accedido a este tipo de financiamiento. Aunque las tasas de interés han descendido a 11,4% en 2025, siguen por encima de niveles saludables para la compra de primeras viviendas.
Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró 2024 en 5,2%, definiendo el tope máximo para la actualización de arriendos en 2025. No obstante, según Camacol, los arriendos efectivos subieron 7,56% y los imputados 7,30%, evidenciando el traslado de la presión inflacionaria al bolsillo de los arrendatarios.
Oportunidades para el sector de la construcción
El panorama obliga al sector de la construcción y a las inmobiliarias a diversificar su oferta. Modelos como el Multifamily, el Coliving, el Senior Living, la vivienda compartida y el alquiler institucional cobran relevancia: se registran más de 300 proyectos de arriendo especializado en todo el país.
Según Corficolombiana, el auge del arrendamiento crea oportunidades para desarrolladoras y constructoras que deseen atender hogares de menor tamaño y menor capacidad de pago. Estos esquemas ofrecen rentabilidad sostenida y responden al cambio cultural de movilidad y flexibilidad residencial.
Políticas, subsidios y perspectivas
El programa Mi Casa Ya mantiene convocatoria permanente, asignando hasta 30 salarios mínimos para estratos bajos y medios, aunque con cupos limitados para 2025. El Subsidio Familiar de Vivienda Nueva cuenta con 10.919 beneficiarios reportados al 14 de octubre de 2025, pero se anunció su suspensión en 2026 por «restricciones presupuestales».
Paralelamente, el programa de Mejoramiento de Vivienda ha beneficiado a hogares urbanos y rurales con ayudas de hasta 18 salarios mínimos, contribuyendo a reducir el déficit cualitativo de vivienda de 22,1% a 20,0% entre 2023 y 2024.
Para 2025, Camacol Bogotá y Cundinamarca proyecta un alza del 14% en ventas de vivienda, gracias a políticas distritales que pretenden entregar 24.000 subsidios y a menores tasas de interés. Sin embargo, la oferta disponible se verá comprimida por la caída de lanzamientos registrada en 2024 (-16,7%) y lo corrido de 2025 (-4,7%).
La consolidación del arriendo como forma principal de tenencia en Colombia es fruto de un desbalance evidente entre precios y capacidad de financiamiento, así como de cambios demográficos y culturales. El reto para el sector de la construcción y las inmobiliarias está en adaptar su oferta a estas nuevas demandas, apostando por modelos de alquiler innovadores y proyectos flexibles que atiendan hogares más pequeños y con menor presupuesto.
Para garantizar una vivienda digna, los actores públicos y privados deben colaborar en la ampliación del crédito hipotecario, la optimización de subsidios y la promoción de políticas que equilibren oferta y demanda, permitiendo así que más familias accedan a su propia vivienda sin sacrificar calidad de vida.