La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio garantizar la continuidad de la entrega de subsidios contemplados en el programa Mi Casa Ya, ante riesgos de paralización y afectación a miles de hogares. En mesas de trabajo conjuntas con CAMACOL y Asobancaria , el ente de control expresó su preocupación por la destinación de recursos y urgió la gestión oportuna del Plan Anual de Caja (PAC), así como la presentación de cifras detalladas sobre los subsidios pendientes de desembolso.
El llamado se enmarca en la necesidad de preservar la seguridad jurídica y presupuestal del programa, que hasta 2024 ha beneficiado a más de 358.000 hogares y dinamizado la Construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP). La falta de claridad sobre recursos para las vigencias 2025/2026 compromete la sostenibilidad de las coberturas a la tasa de interés y la ejecución adecuada de los subsidios.
Lanzado en 2015, Mi Casa Ya combina el Subsidio Familiar de Vivienda para cuota inicial con cobertura a la tasa de interés del crédito hipotecario, resultado de una alianza entre el Ministerio de Vivienda, Fonvivienda, entidades financieras y gremios del sector. El programa ha sido clave para reducir el déficit habitacional, generar empleo y promover inversiones por más de 65 billones de pesos entre 2015 y 2024.
Preocupaciones de la Procuraduría
Durante la mesa de trabajo del 13 de mayo de 2025, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública planteó al ministerio:
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Condensar cifras sobre el número exacto de subsidios proyectados para 2025 y 2026.
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Definir cobertura de tasa de interés para estas vigencias.
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Regular un procedimiento claro y flexible que permita a beneficiarios cambiar de entidad financiera o de proyecto de vivienda sin perder la reserva.
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Realizar seguimiento riguroso a hogares con preasignación de subsidio mediante informes periódicos.
Según la Cámara Colombiana de la Construcción, 40.500 hogares de estratos 2 y 3 podrían quedarse sin cobertura a la tasa de interés en 2024 y 2025, lo que implicaría un presupuesto adicional de 128.776 millones de pesos para atenderlos. Esta medida ha derivado en un incremento de cuotas hipotecarias de hasta un 30%, aumentando el riesgo de desistimientos y afectando tanto a beneficiarios como a constructoras.
Para mitigar el impacto, la Procuraduría a MinVivienda recomendó:
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Gestionar de inmediato el Plan Anual de Caja y liberar recursos presupuestales.
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Publicar un cronograma detallado de desembolsos y coberturas.
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Establecer un régimen de transición que proteja a hogares con subsidio asignado.
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Coordinar con Fonvivienda y las entidades financieras la ejecución oportuna de coberturas y desembolsos.
La demanda de la Procuraduría subraya la importancia de mantener la operatividad y solidez presupuestal de Mi Casa Ya, evitando la deserción de beneficiarios y garantizando el derecho a la vivienda digna. Un régimen claro de seguimiento, un cronograma transparente de desembolsos y la asignación de recursos suficientes son indispensables para asegurar la continuidad del programa.