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El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio abrió el pasado 9 de enero una convocatoria oficial, poniendo en marcha una inversión de $103.000 millones destinados a la mejora de Vivienda en 232 municipios del país. Estos recursos provienen del Sistema General de Regalías (SGR) y forman parte del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, dirigido a atender el déficit habitacional cualitativo que afecta a aproximadamente el 20% de los hogares colombianos.
La iniciativa reconoce una realidad estructural: Colombia enfrenta un déficit habitacional de 26,8%, siendo el componente cualitativo el más crítico. Esto significa que millones de familias viven en viviendas con deficiencias estructurales, falta de servicios básicos o condiciones de hacinamiento. A diferencia de los programas tradicionales de vivienda nueva, este subsidio se enfoca precisamente en mejorar lo existente: reparaciones estructurales, adecuaciones en baños y cocinas, cambio de techos y pisos, así como conexiones de servicios públicos que dignifiquen los hogares.
Montos y zonas beneficiadas en Mejora de Vivienda
El apoyo económico se estructura como Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) con montos diferenciados según ubicación geográfica. En zonas urbanas, el subsidio alcanza hasta 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), equivalentes a $31.516.290 en 2026. Para zonas rurales, el monto se incrementa a 22 SMMLV, aproximadamente $38.519.910, reconociendo los mayores costos logísticos. Adicionalmente, las comunidades rurales de difícil acceso pueden acceder a un incremento adicional de entre 1 y 8 SMMLV para cubrir sobrecostos de transporte verificados.
Estos montos comprenden la totalidad de costos de ejecución: materiales de construcción, mano de obra, transporte, acompañamiento social, interventoría y supervisión. El programa evita desembolsos fragmentados, asegurando que cada familia beneficiaria reciba el financiamiento completo para transformar su vivienda.
Quiénes pueden recibir el subsidio
La elegibilidad no es automática ni individual. El Ministerio de Vivienda estableció que los subsidios se canalizan a través de organizaciones comunitarias, que presentan proyectos colectivos beneficiando múltiples hogares. Pueden participar:
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Juntas de Acción Comunal (JAC)
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Organizaciones populares de vivienda
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Cooperativas y asociaciones comunitarias
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Comunidades étnicas
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Gobiernos locales (alcaldías)
Las familias beneficiarias deben cumplir dos criterios esenciales: tener déficit cualitativo en su vivienda y estar clasificadas en Sisbén IV en los grupos A, B o C, es decir, en condición de pobreza o vulnerabilidad. El programa prioriza poblaciones con mayores necesidades: víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, hogares con menores de cinco años y adultos mayores, según criterios definidos por cada entidad territorial.

Tipos de obras cubiertas
La Resolución 0011 de 2026 especifica que los recursos se destinan exclusivamente a mejoramiento de vivienda, descartando compra de inmuebles nuevos. Las intervenciones autorizadas incluyen:
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Reparaciones estructurales (reforzamiento de muros, cimientos)
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Cambio o reparación de techos
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Renovación de pisos
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Instalación o mejora de baños y cocinas
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Conexiones de servicios públicos (agua potable, electricidad, alcantarillado)
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Ampliaciones ordenadas de espacios (modulares)
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Reducción de vulnerabilidad climática (nueva categoría 2026: techos verdes, captación de agua, drenaje adaptativo)
El objetivo declarado es que las viviendas se conviertan en espacios seguros, dignos y habitables, donde las familias puedan desarrollar sus actividades cotidianas en condiciones mínimas de salubridad.
El rol de las organizaciones comunitarias
A diferencia de otros subsidios que beneficiarios individuales pueden solicitar directamente, este programa exige una gestión colectiva y territorial. Las organizaciones comunitarias o gobiernos locales deben:
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Estructurar un proyecto que identifique hogares con déficit cualitativo en su zona de influencia
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Elaborar un documento técnico con diagnósticos de viviendas, presupuestos detallados y cronograma de ejecución
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Presentar documentación requerida: carta de presentación firmada por representante legal, proyecto técnico completo, presupuesto desagregado y, cuando aplique, acto administrativo de delegación
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Enviar propuesta al correo oficial: convocatoriaSGR@minvivienda.gov.co
El Ministerio evalúa proyectos bajo criterios de viabilidad técnica, impacto social y cobertura territorial. Una vez aprobados, los recursos se giran a los ejecutores (Fonvivienda o patrimonios autónomos designados), quienes supervisan la ejecución obra a obra.
Territorios y municipios participantes
La convocatoria abarca 232 municipios en todo el país, priorizando territorios rezagados en inversión pública. La Resolución 40599 de 2025 define la distribución territorial, estableciendo que los recursos corresponden al 5% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías durante el bienio 2025-2026.
Municipios priorizados en la Circular 0026 de diciembre 2025 para enero de 2026 incluyen: Arauca, Bello, Cali, Floridablanca, Pereira, Tibú y Villa del Rosario. Municipios no seleccionados en esta fase accederán a convocatorias posteriores según disponibilidad presupuestal.

El déficit habitacional colombiano
La iniciativa responde a una crisis estructural de habitabilidad. Según datos del DANE, el déficit habitacional cualitativo representa el 20% del total nacional, superando ampliamente el déficit cuantitativo (falta de vivienda nueva). Esto significa que mejorar lo existente es tan crítico como construir nuevo.
Camacol proyecta para 2026 un crecimiento de 5% a 12% en ventas de vivienda y repunte superior al 13% en iniciaciones de obra, sugiriendo recuperación post-contracción de 2025. Sin embargo, la meta del Gobierno para mejoramiento alcanza 400.000 viviendas en el cuatrienio 2022-2026; a diciembre 2025 se habían asignado apenas 31.637 mejoramientos, exponiendo la magnitud del desafío administrativo.
Este subsidio no se entrega directamente a personas. Las familias interesadas deben organizarse comunitariamente o vincularse a JAC y organizaciones ya constituidas que estructuren proyectos. El proceso requiere paciencia: desde presentación hasta desembolso mediano existe evaluación técnica, aprobación administrativa y supervisión de obras.
El Subsidio Familiar de Vivienda para Mejoramiento es una oportunidad concreta con $103 mil millones para más de 100 mil familias vulnerables. Los montos diferenciados—$31.5 millones urbano y $38.5 millones rural—reconocen desafíos territoriales reales. Sin embargo, no será accesible para todos por igual: depende de organizaciones comunitarias activas, capacidad municipal y clasificación Sisbén IV. Familias sin JAC consolidada o en municipios rezagados enfrentarán barreras administrativas que la norma no resuelve.
La verdadera prueba es la ejecución. El Gobierno lleva apenas 31.637 mejoramientos de una meta de 400 mil (rezago de 92%), sugiriendo desafíos operacionales profundos. La política pública es clara; la cadena institucional será el cuello de botella. Para familias: es una ventana real pero requiere paciencia y organización. Para municipios: es oportunidad de transformar habitabilidad si la gestión es rigurosa. El subsidio funciona si las instituciones funcionan.