Cortesía AIR-E
La separación de la tasa de seguridad en la factura de energía de Air-e busca dar transparencia a los cobros, pero ha generado más preguntas que certezas entre los usuarios y administradores de inmuebles en arriendo. Silvia Padilla, presidenta de la Lonja de Propiedad Horizontal de Barranquilla, advierte que esta modalidad traerá “traumas” en la gestión de servicios públicos en edificios y conjuntos residenciales, pues no existe cultura de pago de impuestos y la referida tasa es vista como un impuesto más que un servicio.
Ante la posibilidad de que numerosos arrendatarios decidan no cancelar este concepto, los propietarios podrían verse obligados a asumir la deuda y enfrentar intereses y sanciones, según alertan expertos. Por su parte, las autoridades departamentales evalúan acciones de cumplimiento para garantizar el recaudo de cerca de $174.000 millones esperados para 2025, cifra superior a los $168.000 millones del año anterior.
Origen y uso de la tasa de seguridad
La ordenanza departamental establece que los responsables —antes la empresa de energía— deben liquidar, recaudar y declarar mensualmente la tasa, cuyos recursos financian la construcción de estaciones y comandos de Policía, dotación de la fuerza pública y creación de entornos públicos seguros.
El traslado de este cobro a un cupón independiente no está previsto en los contratos de arrendamiento actuales, que incluían la tasa dentro del servicio de energía. Luis Ruiz, abogado en servicios públicos, señala que al no contemplarse expresamente, los arrendadores carecen de legitimación para demandar el pago, dejando un vacío que podría perjudicar a los propietarios.
Los inquilinos podrían optar por pagar únicamente el consumo de energía, dejando la tasa de seguridad pendiente. Esto genera preocupación en los administradores de conjuntos, pues la ausencia de pago podría desencadenar conflictos y demandas entre vecinos.
El secretario Jurídico, Rachid Nader, anunció la tramitación de una acción de cumplimiento para que Air-e acate la ordenanza vigente y asuma el recaudo directamente, a la vez que no descarta el cobro coactivo a deudores para salvaguardar los compromisos financieros del departamento.
Air-e y Superservicios
Diana Bustamante, interventora de Air-e, defiende la desagregación como un “paso importante” para clarificar los conceptos de la factura y anuncia mesas de trabajo con alcaldes para ajustar la tarifa de alumbrado público y servicios de aseo facturados por la compañía.
No obstante, la Procuraduría General de la Nación detectó deficiencias en la intervención de Air-e por parte de la Superservicios, advirtiendo falta de plan definitivo para garantizar la continuidad del servicio y omisión de datos sobre deudas y activos de la empresa, lo que podría agravar la crisis financiera del operador.
Evolución reciente del mercado de arrendamientos
Aunque la medida es particular del Atlántico, el debate evidencia la vulnerabilidad de los contratos de arrendamiento en el país. Según el DANE, en agosto de 2025 el IPC total registró una variación anual del 5,10%, mientras que el arriendo imputado contribuyó con 0,03 puntos porcentuales al componente de vivienda del índice, reflejando estabilidad en los costos de renta.
Por otra parte, en el segundo trimestre de 2025 el área licenciada de edificaciones mostró un crecimiento del 46,5% interanual, con un aumento de 57,3% en viviendas VIS, indicador de una mayor oferta de proyectos orientados al consumo de renta o compra con enfoque social.
Adicionalmente, el incremento máximo legal del canon de arrendamiento para contratos de vivienda urbana en 2025 fue del 5,20%, límite que protege a los inquilinos de alzas desproporcionadas.
La separación de la tasa de seguridad en la factura de energía de Air-e, sin un marco claro en los contratos de arrendamiento, abre un escenario de conflicto entre arrendatarios y propietarios, y pone en riesgo la recaudación de recursos esenciales para la seguridad en el Atlántico. Resulta imperativo que la Gobernación del Atlántico, la empresa y los gremios del sector inmobiliario articulen soluciones jurídicas y pedagógicas para garantizar el cobro efectivo del tributo, sin desincentivar el mercado de arrendamientos que ha cobrado relevancia en Colombia. Un diálogo concertado, acompañado de ajustes contractuales y campañas de sensibilización, permitirá cerrar vacíos legales y asegurar la financiación de proyectos de seguridad, evitando así afectaciones a los ciudadanos y la estabilidad del sector.