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La estabilidad de precios en el sector inmobiliario colombiano enfrenta una nueva prueba de fuego finalizando el 2025. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha publicado un borrador de decreto que propone incrementar al 35% el arancel ad valorem para las importaciones de acero y hierro provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes. La medida, que busca «proteger a la industria siderúrgica nacional» de la competencia desleal, ha generado un fuerte rechazo por parte de los constructores, quienes advierten un encarecimiento inviable para los proyectos de vivienda social.
Esta decisión se enmarca en una política de defensa comercial anunciada durante el Alacero Summit 2025, donde el Gobierno argumentó la necesidad de blindar cerca de 50.000 empleos del sector siderúrgico frente a la sobreoferta global de acero —estimada en 200 millones de toneladas— proveniente principalmente de China y Rusia.
Impacto directo en los costos de construcción
La preocupación central radica en la estructura de costos de las obras. Según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el acero representa aproximadamente el 15% de los costos directos de un proyecto inmobiliario. La imposición de este gravamen, que se sumaría a salvaguardias previas del 14,5% adoptadas en octubre, podría detonar una escalada de precios en los insumos.
El gremio constructor estima que este aumento arancelario generaría un sobrecosto directo del 3,6% en las obras, y un impacto acumulado cercano al 6% en los costos totales de construcción si se consideran otras medidas proteccionistas vigentes.
«Un incremento arancelario de esta magnitud desestimula la construcción, compromete la recuperación económica y el empleo», advirtió Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.
El dilema de la Vivienda VIS
El segmento más vulnerable ante esta medida es la Vivienda de Interés Social (VIS). A diferencia de la vivienda No VIS, donde los constructores pueden trasladar los sobrecostos al precio final, la VIS tiene un precio tope regulado por ley (135 o 150 SMMLV).
Si los costos de construcción suben por el acero más caro, el margen de viabilidad de estos proyectos desaparece, lo que podría obligar a las constructoras a desistir de nuevos lanzamientos o detener obras en curso. Esto ocurre en un momento crítico, donde el sector intenta recuperarse tras 31 meses consecutivos de caídas en los inicios de obra reportados hasta finales de 2024.
Contraste con la realidad de los precios (DANE)
Paradójicamente, los datos recientes del DANE muestran que el acero venía siendo un factor de alivio en los costos. Según el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) de octubre de 2025, el acero corrugado aportó negativamente a la variación mensual, ayudando a que el índice general cayera un -0,39%.
Las siderúrgicas argumentan que esta bajada de precios es artificial y producto del «dumping« (venta por debajo del costo) de material extranjero. Sin embargo, para los constructores, revertir esta tendencia bajista mediante aranceles artificiales en 2026 eliminaría el único respiro financiero que tenían los proyectos actuales.
La entrada en vigencia de este decreto plantearía un desafío mayúsculo para la política de vivienda en 2026. El Gobierno se encuentra en una encrucijada: proteger la industria nacional del acero o garantizar la viabilidad financiera de la vivienda social. Si se confirma el arancel del 35%, es probable que el Ministerio de Vivienda deba evaluar ajustes en los subsidios o en los topes de la VIS para evitar una parálisis en la oferta de techos dignos para las familias de menores ingresos.
Para los compradores y el sector inmobiliario, la recomendación es monitorear de cerca la sanción final del decreto. Un encarecimiento estructural de los materiales podría reducir la oferta de nuevos proyectos sobre planos en el primer semestre de 2026, presionando al alza los precios de la vivienda usada y del segmento No VIS, que absorbería libremente el impacto de los nuevos costos.