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La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) encendió las alarmas contra la iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para desindexar la Vivienda de Interés Social (VIS) del salario mínimo. Según el gremio, la medida introduce un control artificial de precios que podría reducir la oferta habitacional y generar serias barreras de acceso para miles de familias colombianas.
El Gobierno publicó para consulta pública un proyecto de decreto que busca establecer que el precio máximo de la VIS sea 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalentes a aproximadamente 236 millones de pesos en 2026, sin indexación automática al incremento del salario mínimo. Esta decisión surge como respuesta al aumento salarial del 23.7% decretado por el Gobierno Nacional para este año, que de no mediar cambios, elevaría proporcionalmente el valor de la vivienda social y limitaría el acceso de familias de ingresos bajos y medios.
El contexto de la discordia
Hasta ahora, los precios de las unidades VIS han sido determinados en salarios mínimos, lo que significa que cualquier incremento salarial generaba un aumento automático en el valor de estos inmuebles. Año pasado la vivienda VIS valía 192 millones de pesos (135 SMLMV), mientras que hoy alcanza 238 millones, representando un incremento de 46 millones de pesos en apenas doce meses.
Durante el gobierno actual, según cálculos de Camacol, la vivienda de interés social aumentó 103 millones de pesos, debido exclusivamente a los incrementos del salario mínimo decretados en las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026. Esta situación ha generado una brecha creciente entre la capacidad de compra de las familias y el precio final de la vivienda, especialmente preocupante considerando que solo el 10% de los trabajadores colombianos devenga salario mínimo y el resto de los ingresos laborales no necesariamente suben al mismo ritmo.
posición del Gobierno: «protección al consumidor»
Desde el Ministerio de Vivienda se argumenta que la medida no constituye un control de precios, sino un mecanismo de «protección al consumidor«. Según la cartera, la iniciativa busca reafirmar que el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio, conforme a lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor y la Circular 004 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, explicó que «cuando el precio depende de un factor externo que el consumidor no puede anticipar, como futuros aumentos del salario mínimo, la obligación económica final se vuelve indeterminada». De acuerdo con la SIC, solo 1 de cada 4 proyectos en el país (24,7%) cumplen actualmente con la obligación de informar los precios en pesos colombianos; los demás lo hacen en SMLMV.
El decreto propuesto establece que los ajustes futuros al precio en pesos solo serán permitidos en casos de «motivos extraordinarios que afecten los costos de construcción«, sustentados en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICCE) elaborado por el DANE.
CAMACOL: Advertencias deL SECTOR CONSTRUCTOR
Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, advirtió que el proyecto «genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda«. El dirigente gremial recordó que la vivienda no es un bien de consumo inmediato: el desarrollo implica procesos que se extienden entre 4 y 5 años, durante los cuales se presentan variaciones en costos de materiales, tasas de interés y regulaciones.
El gremio subraya que «el control de precios no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso». Cambiar las condiciones de fijación del precio desde las etapas iniciales afectaría el acceso de los hogares a subsidios de cajas de compensación, entidades territoriales, créditos con tasas preferenciales y otros instrumentos de política de vivienda que se determinan con base en el valor al momento de la escrituración.
Camacol también estimó que el incremento del salario mínimo podría elevar entre 10% y 15% los costos de construcción de la nueva oferta, presión que se añade a un contexto de incertidumbre económica y regulatoria ya complejo para el sector. El gremio cuestionó la viabilidad jurídica de la medida, enfatizando que la fijación de topes VIS está definida por ley y por el Plan Nacional de Desarrollo, solo modificables por el Congreso de la República.
Implicaciones para compradores y constructores
Los analistas económicos coinciden en que el dilema es estructural. Si el Gobierno no amortigua mediante subsidios equivalentes, miles de familias que ya habían destinado ahorros para la cuota inicial podrían desistir de sus compras cuando descubran que el precio final es sustancialmente mayor. Paralelamente, los constructores enfrentan presión sobre márgenes de viabilidad, riesgo de no cierre de financiación y desincentivos para nuevas inversiones en vivienda social.
La consulta pública para comentarios al proyecto de decreto está disponible hasta el 24 de enero de 2026 en la plataforma del Ministerio de Vivienda.
El conflicto pone de relieve una tensión fundamental en la política de vivienda colombiana: proteger a compradores de vivienda social de sorpresas de precio frente a la viabilidad financiera de proyectos en un sector altamente intensivo en mano de obra. Mientras Camacol demanda que se respete el marco legal vigente y advierte sobre efectos contraproducentes, el Gobierno insiste en su facultad de garantizar transparencia y evitar abusos contra consumidores.
Lo cierto es que los principales afectados serían las familias de ingresos bajos y medios que dependen de la vivienda VIS para acceder a una solución habitacional formal. Sin coordinación entre subsidios estatales, condiciones crediticias y reglas de formación de precios, la medida podría traducirse en menos construcción de vivienda social y más familias condenadas a la informalidad habitacional. El Congreso tendrá que mediar esta disputa si el Gobierno avanza en su intención normativa.