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El incremento desproporcionado del salario mínimo en Colombia ha generado una crisis sin precedentes en la política habitacional de Antioquia. La Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) confirmó que más de 12.000 subsidios de vivienda están en riesgo tras la actualización de precios indexados al incremento salarial, superando ampliamente las proyecciones fiscales que habían sido contempladas por la administración departamental. El aumento del 23,7% en la remuneración mínima ha abierto una brecha financiera de proporciones catastróficas para las entidades públicas y privadas del sector.
El mecanismo de indexación que vincula automáticamente los precios de la vivienda de interés social (VIS) al salario mínimo ha funcionado durante años sin mayores sobresaltos. Sin embargo, la magnitud del alza decretada transformó de inmediato la ecuación presupuestal. Mientras la Gobernación había proyectado un incremento cercano al 8%, la realidad de un aumento superior al 23% dejó al descubierto un déficit estructural de $264.000 millones que amenaza la continuidad de programas bandera en toda la región.
Costo Real de la Mano de Obra: 40% del proyecto
Rodrigo Hernández, gerente de Viva, reveló cifras que reflejan la magnitud del desastre presupuestal. En materia de mejoramientos de vivienda, 3.300 proyectos se dejarían de ejecutar o requerirían la búsqueda de $54.000 millones adicionales para mantener el alcance comprometido. En vivienda nueva, el impacto es aún más grave: más de 8.600 familias quedarían excluidas de los programas de subsidio bajo la normativa actual, según lo explicó el funcionario.
La presión sobre los costos de construcción se concentra especialmente en la mano de obra, que representa aproximadamente el 40% del costo directo de las obras. «Los contratistas ya advierten sobrecostos o la necesidad de renegociar contratos», indicó Hernández, quien subrayó que el panorama obliga a una reactivación urgente de los subsidios Mi Casa Ya.
Los aumentos no se limitan a la construcción inicial. Federico Estrada, gerente de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, advirtió que los gastos de vigilancia y aseo en la propiedad horizontal—también ligados al salario mínimo—anticipan incrementos de entre 17% y 18% en las cuotas de administración, presionando aún más la capacidad de pago de los hogares.
Medellín en Crisis: Suspensión de Programas Bandera
En la capital antioqueña, la situación es igualmente crítica. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed) se vio obligado a suspender temporalmente la asignación de subsidios del programa Compra tu Casa, una estrategia diseñada precisamente para evitar los desistimientos de compra. Valentina Aguilar, directora del Isvimed, explicó que el presupuesto asignado simplemente no alcanza para cubrir a las familias previstas ante los nuevos precios de las viviendas.
El golpe más contundente ha sido en el subsidio a la cuota inicial. El Distrito había comprometido cubrir la cuota inicial de 1.199 familias con un presupuesto de $42.000 millones. Tras la actualización de valores de las viviendas indexadas al nuevo salario mínimo, esa misma obligación pasó a costar cerca de $51.000 millones, generando un faltante de casi $8.812 millones. «Esos recursos nos hacen falta para cumplirle a esas 1.199 familias», expresó Aguilar.
Ciudad del Este: Un Proyecto Paralizado
El proyecto Ciudad del Este, ubicado en la comuna 9 (Buenos Aires) y que arrastra años de retrasos, ejemplifica cómo el aumento salarial transforma de inmediato la viabilidad de los programas. Aunque es escriturable en 2026, el incremento afectó las proyecciones de cierre financiero para las familias que aún no habían legalizado su crédito, requiriendo $4.700 millones adicionales no presupuestados.
Onda Expansiva: Desistimientos y Penalizaciones
Para las familias beneficiarias, las consecuencias se sienten de forma inmediata y dramática. El aumento de precios ha provocado una ola de desistimientos: en 2025, más de 25.000 familias en Colombia abandonaron la compra de su vivienda, enfrentando penalizaciones que oscilan entre el 10% y 20% del valor del inmueble. Una vivienda VIS que en 2022 se proyectaba en $150 millones, con el nuevo salario mínimo de 2026 alcanzaría un precio de $262,6 millones (en el tope de 150 SMMLV), obligando a muchas familias a renunciar a sus ahorros.
Decreto: ¿Solución o Profundización de la Crisis?
Frente a este escenario, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de decreto para desindexar la vivienda de interés social del salario mínimo, estableciendo un tope nacional fijo de 135 SMMLV. Sin embargo, la propuesta ha generado disputas significativas entre el ejecutivo y el sector privado.
El Gobierno Nacional calificó la indexación de precios al salario mínimo como una práctica cuestionable y pidió investigaciones. Desde el sector privado, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, tildó el decreto de «control de precios ilegal e improvisado» y advirtió que fijar valores en pesos durante la preventa haría inviable el desarrollo de nuevos proyectos ante la inflación y los cambios de costos.
El Dilema de Medellín: 150 vs. 135 Salarios Mínimos
Para ciudades como Medellín, el decreto presenta un vacio crítico. Aguilar señaló que «afecta significativamente que no se esté considerando el tope de 150 salarios para ciudades capitales. El suelo y las obligaciones urbanísticas están por encima de ese cierre de 135, lo cual sería un desincentivo para que se genere este tipo de vivienda en la ciudad».
Carlos Mario Gaviria, presidente de la Junta Directiva de Camacol, advirtió de una «recesión técnica» en el sector. Los altos precios del suelo y las cargas urbanísticas en Medellín desincentivan la construcción de VIS bajo las condiciones actuales, agravando la ya crítica escasez de oferta.
2026: Incertidumbre y Medidas de Contingencia
El sector constructor coincide en que la incertidumbre es la única certeza para 2026. Camacol estima que los costos de producción de vivienda nueva aumentarán entre un 10% y 15% este año debido al impacto del salario mínimo en la mano de obra y los insumos.
La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín reestructuran presupuestos y buscan alianzas. Medellín anunció convocatorias «relámpago» para mejoramientos de vivienda dirigidas a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Sin embargo, la solución estructural depende del Gobierno Nacional.
Una Política de Vivienda en Encrucijada
La crisis de los subsidios de vivienda en Antioquia expone una tensión fundamental entre la política salarial y la política habitacional. El incremento del 23,7% en el salario mínimo, aunque dirigido a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, ha erosionado gravemente la viabilidad financiera de los programas de acceso a vivienda para los más vulnerables. Con 12.000 subsidios en riesgo, 25.000 desistimientos en 2025, y un déficit de $264.000 millones, el sector enfrenta una encrucijada que exige decisiones inmediatas.
La indexación automática de precios al salario mínimo ha funcionado como un mecanismo involuntario que traslada el costo de las políticas salariales directamente a las familias que acceden a vivienda social. Mientras el Gobierno debate decretos sobre desindexación y los constructores advierten sobre inviabilidad, miles de familias en Antioquia revisan sus cuentas con calculadora en mano, esperando que la disputa entre política salarial y política habitacional no termine por demoler los cimientos de su futuro hogar. La solución requiere coherencia entre política pública integral y disponibilidad presupuestal, elementos que hoy faltan en el panorama nacional.