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El mercado inmobiliario en el departamento de Bolívar cierra un 2025 desafiante, marcado por un entorno macroeconómico restrictivo y la suspensión temporal del programa nacional «Mi Casa Ya«, factores que impactaron la dinámica comercial de la región. Según el balance presentado por la Junta Directiva de Camacol Bolívar este 13 de diciembre de 2025, entre enero y octubre se comercializaron 6.751 unidades de vivienda, lo que representa una contracción del 9,2% frente al mismo periodo del año anterior.
La Vivienda de Interés Social (VIS) fue el segmento más golpeado, registrando un desplome del 29,5% en sus ventas. Esta caída afectó directamente el cierre financiero de cientos de familias cartageneras que dependen de los subsidios para acceder a su primera vivienda. Sin embargo, el gremio señala que las señales de recuperación son claras para 2026, impulsadas por la resiliencia del segmento medio-alto y una sólida propuesta de reactivación desde lo local.
Segmento medio y alto sostiene el mercado
A pesar del freno en la vivienda social, Bolívar mostró un comportamiento atípico y positivo en el segmento No VIS (vivienda media y alta). Este nicho representó el 50,3% del total de las ventas en el departamento y experimentó un crecimiento cercano al 27% en comparación con 2024.
“Cartagena sigue siendo un territorio atractivo para la inversión de los hogares de segmento medio y medio-alto. Este dato evidencia que, incluso en los picos difíciles, el mercado elige este destino, lo que lo proyecta y consolida”, destacó Irvin Pérez, gerente regional de Camacol Bolívar.
Esta dinámica contrasta con el panorama de la vivienda social y confirma a Cartagena como un hub de inversión inmobiliaria robusto, capaz de sostenerse incluso ante la incertidumbre nacional que afectó los desembolsos de subsidios del Gobierno Nacional a principios de año.
‘Mi Casa Va’: La apuesta local para 2026
Ante la ausencia de una política nacional consistente para la vivienda social en 2025, Camacol Bolívar ha instado a fortalecer las soluciones regionales. Ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla lograron amortiguar la caída del sector implementando subsidios locales concurrentes, una estrategia que Cartagena busca replicar con mayor fuerza a través de su programa ‘Mi Casa Va‘, operado por Corvivienda.
Para el periodo 2026-2027, el gremio propone una adición de 50.000 millones de pesos al presupuesto distrital. Esta inyección de recursos tiene como meta la asignación de 1.390 subsidios complementarios, con montos actualizados para ajustarse a la realidad económica de los hogares:
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20 SMMLV para Vivienda de Interés Social (VIS).
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22 SMMLV para Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
Jaime Hernández, presidente de la Junta Directiva de Camacol Bolívar, enfatizó que “los modelos exitosos de inversión propia que otras regiones han implementado deben acapararse”, señalando que la hoja de ruta ya está en el Plan de Desarrollo Distrital y solo requiere la asignación efectiva de los recursos.

Impacto en el empleo y la economía
La reactivación de la construcción no solo busca reducir el déficit habitacional, que obliga al 80% de los hogares demandantes en Cartagena a requerir subsidios para su cierre financiero, sino también dinamizar el empleo. Se estima que cada vivienda que inicia su fase constructiva genera en promedio 3,6 empleos directos, un factor clave para la movilidad económica de la ciudad.
El aumento en los montos de los subsidios distritales busca reducir los altos índices de desistimiento —familias que renuncian a la compra por falta de recursos— y brindar seguridad jurídica y financiera a los nuevos proyectos que iniciarán en 2026.
El sector constructor en Bolívar se prepara para un cambio de ciclo en 2026. Mientras el segmento No VIS mantiene su solidez como refugio de inversión, la recuperación de la vivienda social dependerá de la articulación entre el sector público y privado mediante el fortalecimiento de los subsidios locales. La propuesta de inyectar recursos a ‘Mi Casa Va‘ se perfila como la herramienta contracíclica necesaria para revertir la caída del 2025 y garantizar el acceso a vivienda digna.
Para los compradores, el 2026 se presenta como un año de oportunidades, con una oferta ajustada y el potencial retorno de ayudas económicas más robustas. La viabilidad de estos proyectos dependerá ahora de la agilidad administrativa para materializar los recursos prometidos y devolver la confianza a los hogares de menores ingresos.