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El Gobierno nacional confirmó una de las medidas más esperadas por las familias que perdieron su vivienda tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026: la destinación de $100.000 millones para subsidios de arriendo temporal. El anuncio lo hizo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, tras el Consejo de Ministros del pasado 19 de agosto, en el que también quedó formalizada la firma del decreto de emergencia económica.
Para el sector inmobiliario, la medida es determinante en dos frentes: alivia la presión de miles de hogares que hoy no tienen dónde vivir y, al mismo tiempo, podría incidir en el mercado de arriendo de las zonas afectadas, donde ya se han reportado alertas por especulación de precios. La velocidad con que se implemente dependerá, sin embargo, de un paso previo que el propio Gobierno reconoce que aún no ha terminado: la caracterización de los damnificados.
El anuncio, tras el Consejo de Ministros
«Hemos firmado el decreto de emergencia económica, lo cual nos va a permitir llegar la próxima semana con resultados a cada uno de los territorios. Son muchas las necesidades, pero hoy fue un día muy productivo con gremios y sectores, pero sobre todo este consejo de ministros», afirmó Beltrán al confirmar la medida. El decreto, identificado como el 1261 de 2026, había sido firmado horas antes por el presidente Abelardo de la Espriella y habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley en materia de vivienda, crédito público y contratación durante los próximos 30 días.
Según el ministro, el proceso de caracterización —es decir, el registro técnico de cada hogar afectado y el nivel de daño de su vivienda— continúa en los departamentos más golpeados por el sismo y será la etapa que determine, en definitiva, quiénes podrán acceder al subsidio de arrendamiento.
Cali y Risaralda, entre los territorios rezagados
Beltrán explicó que tres de los cinco departamentos con mayores afectaciones ya avanzan en el levantamiento de información, pero que en los casos de Cali y Risaralda todavía es necesario completar el retiro de escombros antes de poder cerrar la caracterización de las zonas impactadas. Una vez culmine ese proceso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciará la implementación del subsidio, pensado como una solución temporal para los hogares que no pueden regresar a sus viviendas.
El Gobierno aún debe definir el procedimiento específico para solicitar y entregar los recursos, pero ha sido enfático en que el requisito central será figurar en los registros oficiales de damnificados, alimentados con información cruzada entre alcaldías, gobernaciones, la UNGRD y el Ministerio de Vivienda. Estas mismas entidades deberán establecer, mediante evaluaciones técnicas, si cada inmueble presenta daños reparables, requiere intervención estructural o debe demolerse.
El Banco de Materiales suma más aliados
Además del subsidio de arriendo, Beltrán destacó que más empresas se han vinculado al Banco de Materiales, la iniciativa impulsada junto al sector privado para apoyar la reconstrucción física de las zonas afectadas. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) lidera esta estrategia, en la que participan compañías productoras de acero, cemento, ladrillos, tejas, sanitarios y porcelanato, cuyos aportes se coordinan con el Gobierno para llegar a los municipios con mayor necesidad.
El mecanismo hace parte del Plan Milagro de Reconstrucción, presentado el 14 de agosto bajo la estrategia «Juntos Reconstruimos Colombia», que contempla tres etapas: atención inmediata y remoción de escombros (en curso hasta finales de agosto), un componente de mediano plazo con el Banco de Materiales y la entrega de proyectos de vivienda de interés social junto con Camacol, y una fase final de reconstrucción bajo el programa Vivienda Milagro, con entregas proyectadas entre 2027 y 2028. El costo total de la reconstrucción se calcula en cerca de $30 billones.
Lo que sigue para los hogares afectados
El subsidio de arrendamiento se suma a otras medidas ya anunciadas por el Gobierno, como los acuerdos con las aseguradoras para agilizar indemnizaciones y la atención prioritaria a viviendas de estratos 1, 2 y 3 y de interés social. En conjunto, configuran una hoja de ruta que combina alivio inmediato con reconstrucción de mediano plazo, aunque su éxito dependerá de la rapidez con que se cierre el censo de damnificados en las zonas donde persisten labores de remoción de escombros.
Para propietarios, arrendatarios y administradores de copropiedades en los departamentos afectados, el llamado del Ministerio de Vivienda es a mantenerse atentos a los registros oficiales de caracterización adelantados por alcaldías y gobernaciones, pues de esa inscripción dependerá el acceso tanto al subsidio de arriendo como a los futuros programas de reconstrucción del Plan Milagro.