El sector asegurador colombiano se convirtió en pieza clave de la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno nacional cruzará la información oficial de damnificados con las bases de datos de las aseguradoras, con el fin de agilizar tanto las indemnizaciones como la asignación de subsidios estatales de vivienda.
El anuncio se produjo tras una reunión con representantes de las compañías de seguros y se suma a la declaratoria de emergencia económica firmada esta semana, que busca destrabar recursos y trámites para atender a las familias que perdieron su hogar. Para el mercado inmobiliario y de Bienes Raíces, la noticia marca el inicio de una fase decisiva: la que definirá qué tan rápido miles de hogares podrán reparar, reconstruir o reemplazar sus viviendas.
Un balance que sigue creciendo tras el sismo en colombia
Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 a. m. del 20 de agosto, el sismo deja 319 fallecidos, 4.506 heridos, 260 desaparecidos y 364 personas rescatadas. En materia de vivienda, se registran 31.461 inmuebles destruidos y 163.492 averiados, además de 302 edificios colapsados y 5.809 con daños. La afectación se extiende a 15 departamentos y 476 municipios (alcanzando a 153.336 familias), con 3.483 centros educativos, 348 centros de salud, 4.996 centros comunitarios, 449 vías, 68 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales, 112 acueductos y cinco aeropuertos comprometidos.
«La emergencia no ha terminado, y el Gobierno nacional no va a bajar la guardia. Seguiremos desplegados en el territorio como lo hemos hecho desde el minuto uno de la tragedia», afirmó De la Espriella antes de firmar el decreto de emergencia económica.
Qué cambia para quienes reclaman el seguro de su vivienda
El mandatario precisó que todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados, y aclaró un punto que generaba confusión entre los damnificados: los afectados disponen de dos años, contados desde la fecha del siniestro, para presentar sus solicitudes ante las compañías aseguradoras, y no de dos días, como circuló en redes sociales.
También anunció que los trámites de viviendas ubicadas en los estratos 1, 2 y 3, así como los proyectos de interés social (VIS), tendrán atención prioritaria, aunque esto no implicará excluir al resto de los asegurados. Cuando un inmueble o copropiedad cuenta con pólizas de distintas aseguradoras, serán estas —y no el propietario— las encargadas de coordinar la atención. «No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta», sostuvo el presidente.
El panorama del aseguramiento, según Fasecolda
La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reportó que, a una semana del sismo, el sector ya contabilizaba 10.465 reclamaciones en todo el país —9.310 de ellas por daños en bienes inmuebles— por un valor inicial cercano a $281.000 millones. El gremio recordó que en el país existen 1,65 millones de viviendas aseguradas contra terremoto, por valor de casi $361 billones.
El dato más revelador, sin embargo, es el de la baja penetración del seguro de hogar en Colombia: frente a 17,9 millones de viviendas ocupadas según proyecciones del DANE, apenas el 9,3 % cuenta con algún tipo de póliza. La obligatoriedad solo aplica a inmuebles con crédito hipotecario vigente —que deben mantener cobertura contra incendio y terremoto según el artículo 101 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero— y a las copropiedades bajo régimen de propiedad horizontal, obligadas a asegurar sus bienes comunes por la Ley 675 de 2001.
Reconstrucción con respaldo de Camacol y el Plan Milagro
El acuerdo con las aseguradoras hace parte de un andamiaje más amplio: el Decreto 1261 de 2026, con el que el Gobierno formalizó la emergencia económica, social y ecológica en nueve departamentos (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Nariño y Sucre) por 30 días, prorrogables. La medida habilita decretos con fuerza de ley en materia de vivienda, crédito público y contratación, y estima el costo de la reconstrucción en cerca de $30 billones.
Bajo esa figura opera el Plan Milagro de Reconstrucción, liderado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que contempla tres etapas: subsidios de arrendamiento temporal y clasificación técnica de edificaciones en el corto plazo; entrega de un banco de materiales y de proyectos VIS ya terminados —en articulación con Camacol— bajo el esquema de financiación mixta «Todos Ponen», que combina subsidios estatales, cajas de compensación y ahorro de las familias, para la etapa intermedia.
Aseguramiento y reconstrucción definirán la recuperación
El cruce de información entre el Gobierno y las aseguradoras podría convertirse en un antecedente relevante para la gestión de riesgos catastróficos en el país, donde la baja tasa de aseguramiento residencial ha quedado expuesta como una vulnerabilidad estructural. Para constructoras, copropiedades y compradores de vivienda, el episodio reabre el debate sobre la conveniencia de ampliar la cultura del seguro de hogar más allá de la obligatoriedad hipotecaria.
En el corto plazo, la velocidad con que se resuelvan las 9.310 reclamaciones por inmuebles ya radicadas ante Fasecolda será el primer termómetro de la efectividad del acuerdo. Los propietarios y administradores de copropiedades en las zonas afectadas pueden verificar si su inmueble cuenta con póliza vigente a través del Registro Único de Seguros y deben conservar certificado de afectación, escrituras y pólizas para agilizar cualquier reclamación o acceso a los subsidios del Plan Milagro de Reconstrucción.