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El sector de la construcción enfrenta en 2026 una encrucijada sin precedentes. El decreto del Gobierno nacional que elevó el salario mínimo en 23,7%—llegando a $1.750.905 pesos sin auxilio de transporte—rompió los equilibrios que guían tradicionalmente los ajustes salariales en una economía. Mientras que la inflación interanual se mantiene alrededor del 5,5% y la productividad cerca del 0,9%, el aumento decretado de forma unilateral genera presiones inmediatas en los costos de un sector intensivo en mano de obra, donde millones de trabajadores devengaban precisamente el salario mínimo.
impacto económico inmediato en la construcción
En el sector de la edificación, los números son contundentes. La mano de obra representa aproximadamente el 25% de los costos directos de construcción, lo que significa que un aumento de esta magnitud no es un ajuste marginal, sino un choque de costos que penetra toda la estructura económica de un proyecto. Según estimaciones preliminares de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), este incremento podría traducirse en un aumento cercano al 4% en los costos totales de construcción, una cifra que las empresas constructoras no pueden absorber sin consecuencias.
Sin embargo, la realidad es más compleja. Los costos no se limitan solo a los salarios directos. La construcción requiere insumos de más de 30 subsectores industriales—cemento, acero, ladrillo, cerámica—que también son intensivos en mano de obra. Al expandir el salario mínimo, estos sectores proveedores también enfrentan presiones de costos, que inevitablemente se transfieren en forma de materiales más caros. Nuevas estimaciones de Camacol sugieren que los costos directos de producción de vivienda podrían aumentar entre el 10% y el 15%, cuando se incluyen tanto mano de obra como insumos.
Vivienda de Interés Social: el segmento más vulnerable
La Vivienda de Interés Social (VIS) es particularmente vulnerable a estos movimientos de costos, porque su precio máximo está legalmente fijado en términos de salarios mínimos. Una vivienda VIS en 2025 tenía un tope de 150 salarios mínimos, equivalente a $213.525.000. Con el nuevo salario mínimo de 2026, ese mismo tope automáticamente se convierte en $262.032.300—un incremento de más de $48 millones entre un año y otro.
Este fenómeno de indexación genera un círculo perverso: el aumento salarial que buscaba proteger ingresos de los trabajadores termina elevando el precio de las viviendas que precisamente esos trabajadores necesitan comprar. Camacol advierte que el impacto agregado en el precio de la vivienda podría acercarse al 10%, un nivel que expulsa del mercado a miles de hogares con ingresos bajos, informales o variables.
dilema de constructoras: tres caminos complicados
Cuando los costos suben y no pueden reducir personal—porque afectar el número de trabajadores ralentiza los tiempos de ejecución—las constructoras enfrentan un triángulo imposible. Como lo explicó el economista Andrés Moreno Jaramillo, en un proyecto de construcción «los salarios hacen parte de los costos fijos. Si no puede reducir mucho el número de personas porque si no los tiempos se demoran. Entonces, o despiden gente o le suben el precio».
En teoría, existen tres salidas:
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Aumentar precios: trasladar costos directamente al comprador final, lo que reduce la demanda, especialmente en el segmento de vivienda de interés social.
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Reducir empleo: despedir trabajadores para aliviar costos, pero esto incumple contratos y afecta cronogramas de obra.
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Tercerización laboral: contratar trabajadores de forma indirecta a través de contratistas especializados, reduciendo costos de seguridad social y ofreciendo mayor flexibilidad contractual.
La tercerización como espejismo económico
Aquí es donde entra la tercerización laboral, la alternativa que está ganando tracción en las conversaciones del sector. La tercerización permite que una empresa constructora contrate a un tercero (contratista, empresa de servicios temporales) que a su vez contrata a los trabajadores reales. En teoría, esto abarata costos porque el trabajador tercerizado típicamente tiene menores protecciones de seguridad social, jornadas más flexibles y menos beneficios complementarios.
La tercerización emerge no como una innovación positiva en modelos de negocio, sino como un mecanismo de supervivencia económica que debilita el empleo formal
Pero Moreno Jaramillo advierte que esta solución es un espejismo: «La tercerización laboral se vuelve una alternativa, pero no construye país y no fomenta la creación de empresas. Esto fomenta más la informalidad».
La razón es estructural. Mientras que un trabajador directo contratado por la constructora accede formalmente a seguridad social, pensión y beneficios laborales, un trabajador tercerizado frecuentemente cae en esquemas donde esos beneficios son precarios, incompletos o directamente inexistentes. En un país donde ya el 55,4% de los ocupados está en la informalidad, fomentar la tercerización es ampliar esa brecha.
La reforma laboral limita pero no elimina la práctica
El Ministerio del Trabajo ha diseñado un proyecto de decreto que distingue entre tercerización legal e ilegal. La tercerización es legal cuando el contratista cuenta con organización propia y autonomía técnica, administrativa y financiera. Es ilegal cuando el contratista no tiene estructura productiva propia o cuando su personal está subordinado directamente a la empresa beneficiaria.
Las multas por tercerización indebida pueden superar los 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Pero lo que preocupa a expertos es que los incentivos económicos generados por el aumento salarial pueden ser más fuertes que las sanciones regulatorias. Si una constructora enfrenta un choque de costos del 10%-15%, la tentación de externalizar la contratación a través de intermediarios será difícil de resistir, incluso con multas en el horizonte.
Impacto en empleo formal y seguridad social
Las cifras de empleo en construcción revelan una tendencia preocupante. En 2025, aunque el sector generó más de 129 mil nuevos empleos en marzo, el 80% de estos fueron informales. La institucionalización de la tercerización como respuesta al choque salarial podría profundizar esta brecha.
Para un trabajador de construcción, esto significa transitar de un empleo formal—con afiliación a salud, pensión, riesgos profesionales—hacia esquemas precarios donde esos aportes se reducen o desaparecen. En un sector donde alrededor del 70% de los empleados formales proviene de vivienda, la pérdida de formalización tendría efectos sistémicos en el acceso a seguridad social de cientos de miles de personas.
Un reto de política pública sin solución fácil
Camacol ha convocado a junta extraordinaria para evaluar los posibles efectos y decisiones que podría tomar el sector. El debate que está emergiendo plantea una pregunta central de política pública: ¿cómo proteger el ingreso de los trabajadores sin sacrificar empleabilidad, competitividad y formalización?
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, fue enfático: «Es un buen eslogan, pero una mala política». Los gremios advierten que el riesgo es multidimensional. Un encarecimiento de la mano de obra frena nuevos proyectos de vivienda, reduce la generación de empleo formal y traslada costos al precio final de los inmuebles, justo en un momento en el que Colombia forma cerca de 370 mil hogares nuevos cada año pero solo inició alrededor de 112 mil viviendas en 2025.
El aumento del salario mínimo persigue un objetivo justo: mejorar ingresos de trabajadores vulnerables. Pero su implementación unilateral, desalineada de inflación y productividad, genera dinámicas perversas. La tercerización emerge no como una innovación positiva en modelos de negocio, sino como un mecanismo de supervivencia económica que debilita el empleo formal. Para que esta transición no termine fragmentando el mercado laboral en construcción, se requiere una estrategia integral que combine protección salarial con incentivos claros para la formalización, reducción de cargas regulatorias que encarecen la contratación directa, y monitoreo efectivo de tercerización ilegal. Sin ella, 2026 podría marcar el punto donde la intención de proteger trabajadores termine profundizando la informalidad que se buscaba combatir.